Ley-Antiokupas

¿Por qué la Ley Antiokupas no es suficiente para proteger al propietario?

Repasamos los datos de okupación y la “Ley Antiokupas” que llegó tras la cuarentena

¿Por qué la Ley Antiokupas no aporta ninguna seguridad al propietario? Principalmente, porque no es ninguna ley. Como hablamos en su momento, ante la crecida de casos de okupación tras la cuarentena, el ministro Ábalos, dictaminó un “protocolo” de actuación frente a la okupación en España. Pero se trata de un protocolo y no una ley. Por lo que aunque se aportaron a las autoridades nuevas normas de actuación frente a la okupación, en la práctica, sigue siendo un proceso lento y costoso. Con numerosos riesgos e irregularidades que frena la actuación de las autoridades competentes. Y conforma un parche endeble que maquilla una situación peligrosa para el ciudadano.

¿Es necesaria una Ley Antiokupas? Los datos de okupación en 2020

Hay tres opiniones que se repiten como mantras en el debate público sobre la okupación y la “Ley Antiokupas”.

  • El número de “okupaciones”es muy bajo en relación al total de viviendas o al de pisos vacíos.
  • La mayoría de las viviendas okupadasson inmuebles vacíos de la banca o fondos buitre. Por eso mismo, al pequeño propietario no le afecta.
  • Los casos de primera o segunda viviendaokupadas son muy pocos. En estos casos, la Policía puede actuar al no tratarse de un delito de usurpación, sino de allanamiento de morada. Este delito al ser  flagrante, evitaría la posibilidad de que los okupas impidieran la entrada de la Policía.

El número de “okupaciones” es muy bajo en relación al total de viviendas o al de pisos vacíos.

El dato es real pero tiene su truco. El número total de asesinatos y robos es muy bajo respecto al número de ciudadanos. También, el número total de fraudes contables es muy bajo si lo comparamos con el de empresas en activo.

Uno de los problemas relacionados con la okupación es que no existen datos fiables al respecto. El número de denuncias por okupación de viviendas que publica cada año el Ministerio del Interior nos dice lo siguiente. Las denuncias han pasado de 10.376 en 2015 a 14.621 en 2019 (Un 40% más. Un 25-30% afecta a particulares).

Debemos tener en cuenta algunas consideraciones. Ni todos los propietarios denuncian (sobre todo los bancos) ni todos estos conflictos se solucionan por la vía penal. Hay muchos casos que se resuelven por la presión del propietario y/o vecinos, por la amenaza de denuncia, por las empresas antiokupas o por la denuncia por vía civil, que no siempre se recoge en las estadísticas. En 2017, el Instituto Cerdá publicó un informe que cifraba el dato en 87.000 viviendas okupadas en España. Una cifra que habría crecido y que ahora alcanzaría las 100.000 viviendas.

La “Ley Antiokupas sigue ignorando los matices: ¿Dónde se localizan las viviendas vacías y los casos de okupación?

Los últimos datos sobre viviendas son de 2011. En ese momento, había 25,2 millones de viviendas en España. De las cuales 3,4 millones estaban vacías. O lo que es lo mismo: los 100.000 inmuebles okupados (si aceptamos esta cifra) apenas alcanza el 0,3% del total de las viviendas vacías.

No obstante, este 0,3% es engañoso. Primero, porque las viviendas vacías y las okupadas no suelen estar en el mismo lugar. Si miramos el porcentaje de viviendas vacías respecto del total de viviendas, las regiones con menos viviendas vacías son las más ricas y con más densidad de población. País Vasco, Madrid, Navarra y Cataluña. Por otro lado, las regiones con más inmuebles vacíos  son Galicia, La Rioja, Murcia y Castilla-La Mancha.

En esta línea, que haya cientos de miles de pequeños pueblos en España deshabitados, que mantienen millones de casas vacías, emborrona la estadística de okupación. Porque no es en esos pueblos donde aumenta estos delitos, sino en las grandes ciudades o en la periferia de las mismas. Lo que quieren los okupas no es una casa en un pueblo abandonado, sino una vivienda en las cercanías de Madrid o Barcelona. Es evidente que la okupación en estas zonas no supone el 0,3% de las viviendas deshabitadas.

La mayoría de las viviendas okupadas son inmuebles vacíos de la banca o fondos buitre. Por eso mismo, al pequeño propietario no le afecta.

También es correcto. Pero debemos tener en cuenta más detalles. Las okupación no afecta sólo al propietario del piso, sino a todos las viviendas cercanas. En una comunidad de vecinos con 50 pisos, una vivienda ocupada es, estadísticamente, un 2%.

Pero la realidad es que el 100% de los 50 inmuebles se ve afectado. No podemos asegurar que todos los casos de okupación sean conflictivos con los vecinos. Pero en muchos casos, la okupación es un delito que trae consigo otros como vimos en anteriores entradas. El efecto Detriot no es un mito urbano. Si estas incidencias aumentan las zonas anexas y el propio barrio comienzan su degradación. Y si esta incidencia aumenta, parar ese descenso es muy difícil.

Gestionar la venta o el alquiler de una vivienda con okupas en los alrededores es también un factor que tiene que barajar el propietario. Aunque esto, por lo general, si no afecta directamente a la vivienda, no es una preocupación mayor.

La mayoría de las viviendas okupadas son de bancos. Pero esto no reduce la incertidumbre y miedo de los particulares. Los okupas y las mafias lo saben. Saben que el oficinista de una sucursal no va a defender con tanto ahínco una vivienda como su legítimo propietario. Actualmente, los propietarios (banco o particular) no denuncian o lo hacen demasiado tiempo. Y por tanto la policía no puede actuar y esta situación se alarga a las fechas ampliamente conocidas.

Los casos de primera o segunda vivienda okupadas son muy pocos

Más bien, podemos decir que la teoría y la práctica se alejan demasiado la una de la otra. Los okupas no buscan entrar en primeras viviendas. Saben que en esos casos el delito es de allanamiento y es más fácil y rápido para dueño acreditar su propiedad.

En una segunda vivienda la cosa se complica un poco más. Como hemos dicho si no pillas al okupa en el momento el delito no se considera flagrante. Por lo que un propietario al que han okupado su segunda residencia, se enfrenta a todo tipo de argucias jurídicas perpetradas por lo okupas para evitar el desalojamiento. En su mayoría, presentan un contrato de alquiler falso pero en estos casos, tanto jueces como policías, deben andarse con cuidado. Este tipo de situaciones generan irregularidades que alargan las okupaciones por meses e incluso años. Es realmente necesario establecer una “Ley Antiokupas” que aporte más claridad a las vías de actuación y recoja y analice los mecanismos empleados por los okupas.

Si no hay una Ley Antiokupas, ¿qué puedo hacer?

Por el momento, ante estos casos, el propietario tiene varias vías de actuación. Si ambos, okupa y propietario, alegan su derecho sobre la vivienda, la clave estará en quién tiene la presunción de veracidad. En la mayoría de países europeos esta balanza se declina hacia el propietario y la policía puede desalojar. Sin embargo, el okupa puede presentar después denuncia y llevar a juicio al propietario. En esta dinámica, el propietario no se atreve a echar al okupa por miedo a ser castigado después.

En España, es el propietario quien debe demostrar la titularidad del inmueble y no al revés. Esto incentiva las triquiñuelas jurídicas del okupa y desincentiva al propietario a actuar. La okupación puede acabar siendo castigada pero las sanciones son bajas y presenta un modelo “rentable” para vivir.

¿Y si en vez de segunda residencia es una vivienda en alquiler? ¿Cómo afecta la falta de una “Ley Antiokupas”?

En estos casos, el proceso se alarga. Prácticamente en el 100% de todos los casos. Y eso suponen meses, e incluso años, de dejar de percibir unas rentas que bien podrían ser el sustento de una familia. ¿Qué pasaría si esa familia se ve privada de los ingresos para mantenerse? La pescadilla que se  muerde la cola.

En un alquiler, la okupación más habitual se da cuando un inquilino deja de pagar la renta. En estos casos, el problema es más complejo, especialmente para inmobiliarias, bancos y fondos de inversión. El perfil del “okupa” en estos casos no es el mismo que asalta una vivienda. Aunque no por ello la sensación de inseguridad desciende y los daños a la vivienda se prolongan durante más tiempo.

Prohibir los desahucios ante la creciente avalancha de okupaciones es una medida que pagarán las familias de bajos ingresos. Porque si el propietario (ya sea particular o fondo) teme esta situación optará por la venta. Si la familia tiene problemas para mantener un alquiler no digamos comprar una vivienda. Además, los frenos al sector de la construcción reduce la inversión en alquiler asequible. Las promotoras no querrán invertir y por tanto no tendríamos ni nueva vivienda ni utilizaríamos la vacía por miedo a estos casos.

Si bien, ya para terminar, es necesario señalar que ante esta situación los seguros de impagos (que incluyen cobertura jurídica) se posicionan como la solución más efectiva. Así que por ello, sin ningún tipo de compromiso, te animamos a echar un ojo a inmobiliarias.avalisto.net y a seguir explorando el resto de entras de nuestro blog.

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