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El auge del fenomeno “okupa” y cómo frenarlo si eres propietario

Las mafias detrás del movimiento “okupa” representan una amenaza para la seguridad del hogar. La llamada Ley de Desahucio Exprés supone la principal herramienta para evitar la okupación sin recurrir a desokupas

Los datos registrados en 2018 alcanzan un total de 87.000 viviendas “okupadas”. Si bien podrían aumetar hasta 100.000 valorando los casos de okupación que aún no han sido denunciados.

En Madrid, las cifras documentadas sitúan en 4.494 las viviendas en estado de okupación. De las cuales 2.000 serían viviendas sociales. Cerca de 5.000 madrileños en vías de acceso a un hogar asequible amontonan las listas de la comunidad a la espera de una solución.

Los barrios del sur de la capital son los más afectados por este fenomenos social. Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel, San Blas, Vicalvaro, Mortalaz e incluso ciertos barrios del distrito centro. Sin olvidar los municipios exteriores a la capital que, cada vez más, empiezan a verse involucrados. Leganés, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Parla, Mostoles, Coslada, Alcalá de Henares, Galapagar, Arganda, Mejorada del Campo y Torrejón de Ardoz  han aumentado sus cifras en las fechas recientes.

Las llamadas “mafias de okupas” representan una amenaza para los propietarios de viviendas. ¿Quiénes son y como puedes defenderte ante ellos?

Mafia “okupa” y la okupación en Madrid

La mafia “okupa” supone un riesgo en aumento desde 2017. Individuos organizados que asaltan bloques de viviendas. Coordinados y provistos de sierras y radiales irrumpen en residencias “vacías” para después venderlas, a un precio más “accesible”. Su objetivo son personas y familias en situaciones precarias, con pocos recursos, sin hogar o carentes de la documentación legal de la nacionalidad.

En la mayoría de los casos, estos grupos reservan algunos de los hogares apropiados para continuar con sus actividades. Tráfico de drogas, talleres de desguace y almacenes de artículos de robados (además de residencia y refugio)  son los principales usos que se dan los inmuebles sustraídos. Con ello ponen en riesgo a las personas que acuden en busca de un hogar.

Tetúan y Parla: la urbanización de los horrores

Recientemente, en el barrio madrileño de Tetuán, uno de los vecinos, y propietario de una vivienda en alquiler, ha logrado, tras cinco años, desalojar a sus antiguos inquilinos. Transcurridos unos pocos meses viviendo en la casa decidieron dejar de pagar las rentas iniciando esta historia. Resuelto el conflicto, el propietario enfrenta ahora a un hogar destrozado y desbalijado. Con una derrama que alcanza los 10.740 euros y facturas de luz que se sitúan en 5.000 euros.

En Parla, está la apodada “urbanización de los horrores”. De las 280 residencias con las que cuenta el bloque, la mitad han sido okupadas por las mafias que han hecho de ésta su paraíso personal. Se tratan de pisos del Sareb, pertenecientes a la inmobiliaria Solvia del banco Sabadell. Los residentes denuncian un estado constante de inseguridad. Venta de drogas, incendios, agresiones a vecinos e incluso carreras ilegales en el garaje de la urbanización. Son algunas de las amenazas a las que están sometidas las personas que conviven con las mafias.

El caso de okupación en Pedrezuela

Sin embargo, desde el pasado verano, Pedrezuela presenta el caso más preocupante para la Comunidad de Madrid. Una nueva mafia okupa se ha apoderado de 59 viviendas sociales. El gasto en desalojar la okupación de residencias sociales oscila entre tres y cuatro millones de euros anuales para las arcas de la Comunidad. Los okupas de esta zona se han mostrado agresivos frente a los vecinos de la localidad. El ayuntamiento está en vías de encontrar una solución para el problema.

Por su parte, la Comunidad de Madrid prepara cursos de formación jurídica y operativa ante la “okupación” dirigidos a la policía local e impartidos por el Instituto de Formación Integral de Seguridad y Emergencias (IFISE) que se implementarán en el primer semestre de 2020.

La Ley de Desahucio Exprés

En junio de 2018, llegó la  Ley de desahucio exprés (Ley 5/2018 del 11 de junio) que supone una modificación de la anterior Ley 1/2000 del 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. Este nuevo decreto representa una herramienta de gran utilidad para los particulares en posesión de segundas viviendas.

La principal ventaja es que permite abordar la situación mediante un juicio civil en vez de penal. Acortando notablemente la duración del proceso. La nueva ley consigue que, lo que podría durar años, ahora trate de ser reducido. Por desgracia esto no supone una victoria total para los propietarios. Aprovechando resquicios legales y teniendo en cuenta la valoración del juez de cada caso concreto, los ocupantes de una vivienda pueden seguir demorando los plazos. Se estiman en una media de entre tres y cinco meses. Si bien, supone una clara mejora de la situación anterior, sigue siendo un claro perjuicio y riesgo para aquellos propietarios que sufran okupación.

¿Qué debes hacer ante un caso de okupación?

Las primeras 24 o 48 horas son primordiales. El propietario deberá actuar lo más rápido posible. Una vez descubierta la situación hay que acudir a la policía para presentar una demanda civil. Es importante acompañar la denuncia junto con las escrituras de propiedad de la casa. Además de toda prueba útil que demuestre que la residencia está en estado de okupación.

Acto seguido, el juez que lleve el caso solicitará a los okupas la documentación legal de la vivienda con un plazo de cinco días. Sin embargo, la respuesta de estas personas es manifestar poseer dicha documentación o presentar una acreditación falsa. Lo cual es la principal causa de que estas situaciones duren meses e incluso años.

Quedan amparadas tanto viviendas habituales como segundas viviendas. Aunque suele emplearse para las últimas debido a que la entrada en una vivienda habitual representa un caso de allanamiento. Al ser un delito flagrante la policía podrá actuar al momento si el suceso es descubierto sin que hayan transcurridos más de dos días. Es por esta razón, que los actos de okupación no se dirigen hacia viviendas habituales. Por lo que se empieza a teorizar acerca de la relativa calma social que existe frente al fenómeno.

La ley protege tanto a particulares como a las administraciones públicas. Pero deja exentas a entidades jurídicas o fondos de inversión que son el principal objetivo de las mafias de “okupas”.

 

Las respuestas frente a la okupación

Los objetivos a los que apuntan estas organizaciones han ayudado a que exista cierta calma frente al fenómeno. Sin embargo, desde el pasado año 2018, los servicios de seguridad del hogar y seguros de alquiler han aumentado en un 50%. Actualmente, uno de cada tres alquileres se realiza al amparo de un seguro adicional para proteger las rentas. Se espera que esta tendencia aumente significativamente durante este 2020.

Los propietarios acuden a empresas de seguridad en busca de herramientas que ayuden a proteger sus viviendas. Instalan puertas y ventanas de acero sin cerraduras que tienen un precio medio de 120 euros al mes. Las medidas más buscadas son puertas blindadas anti “okupas” con un precio de 70 euros al mes. Acompañadas de alarmas que se presupuestan en 140 euros mensuales. Unos gastos que diluyen notablemente la rentabilidad neta del alquiler.

Soluciones de mercado como la que aporta Avalisto, son el complemento ideal para proteger el cobro de las rentas y detectar a aquellos inquilinos que verdaderamente son buenos arrendatarios y cuya imagen a veces es prejuiciada por las actividades de estas mafias. Y, además, en casos de impago facilitan la labor policial y judicial sin perjudicar la rentabilidad prevista del inmueble.

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